Hace unos meses me reuní con un guarda forestal en la provincia de Burgos, en una zona especialmente tensionada por la oposición a proyectos eólicos próximos a espacios naturales. Me explicaba que en su territorio se había apostado por un modelo económico basado en el turismo, donde quienes llegaban lo hacían a “consumir el paisaje”. En ese contexto, los aerogeneradores eran percibidos como una amenaza a una imagen de naturaleza intacta, sin intervención humana.

Esa expresión —“consumir el paisaje”— volvió a mi cabeza al emprender el camino de regreso, atravesando pueblos, carreteras asfaltadas, líneas eléctricas, tractores. Elementos todos ellos profundamente humanos que, sin embargo, parecen desaparecer de nuestra percepción cuando hablamos del paisaje.

Al escribir estas líneas, recordé también las palabras de un activista navarro que se definía, junto a su plataforma, como defensor de su tierra frente a intereses externos que, a su juicio, dañan el territorio. Ambas escenas reflejan una misma idea de fondo: la creciente tendencia a concebir el paisaje natural como algo que se posee, se protege y, en última instancia, se consume.

Pero el paisaje nunca ha sido estático. Es el resultado de siglos de interacción humana: agricultura, caminos, pueblos, infraestructuras, energía. Basta imaginar qué habría ocurrido si, siglos atrás, se hubiera aplicado esta misma lógica a los molinos de viento de Castilla-La Mancha, hoy convertidos en símbolo cultural y atractivo turístico.

La paradoja es evidente: aspiramos a territorios vivos, pero sin actividad; reivindicamos una naturaleza sin intervención humana, pero ¿para qué? En muchos casos, para convertirla en un bien de consumo, en una experiencia estética que valoriza las propiedades colindantes, en una imagen apropiable, aunque sea con un selfie.

El paisaje, además, es un concepto colectivo y jurídicamente difuso. El Convenio Europeo del Paisaje lo define como “cualquier parte del territorio tal como la percibe la población”. Introduce así la idea de percepción compartida, pero deja abierta una cuestión clave: ¿quién conforma esa colectividad? ¿Los habitantes locales, una región, un país? Lo que parece claro es que el paisaje no puede entenderse como una propiedad en sentido estricto.

Conservar sin cambiar, mejorar sin transformar: una contradicción

Más allá del fundamentalismo ecológico, la sociedad en su conjunto aspira a mayores niveles de bienestar: más seguridad, mejor movilidad, acceso a la energía, conectividad. Sin embargo, con frecuencia actuamos como si todo ello pudiera sostenerse sin que nada cambiase, o por lo menos sin que nada cambie “aquí”.

Ahí es donde la conversación se vuelve incómoda, pero imprescindible. La transición energética no es una cuestión estética, sino una condición necesaria para que el paisaje —ese mismo que queremos preservar— pueda perdurar en el tiempo.

Las energías renovables no son ajenas al territorio; son una nueva capa en la historia de la transformación humana. Más visibles, más debatidas, sin duda, pero también parte de una evolución positiva hacia modelos más sostenibles a los que le anteceden.

Asumirlo exige un cambio de mirada: dejar de entender la naturaleza desde la lógica del consumo o la propiedad, y empezar a reconocerla como un sistema del que todos formamos parte, como el cerebro no es dueño del cuerpo. Proteger el paisaje no siempre implica evitar el cambio, sino decidir de forma consciente qué cambios estamos dispuestos a integrar para garantizar su futuro.

Este proceso, además, no es ecuánime. Hay territorios que están experimentando estas transformaciones de forma especialmente intensa, con impactos sociales y económicos que no siempre son positivos. Por ello, la transición debe incorporar un principio de equidad: quienes más directamente viven estos cambios deben ser también los principales beneficiarios de sus oportunidades.

Porque, en última instancia, la cuestión no es qué paisaje conservar, sino cómo hacerlo de forma justa y sostenible, pensando no solo en el presente, sino también en quienes vendrán.

Autor: Lucas Monsalve. Socio de MV, consultora experta en Licencia Social para operar proyectos energéticos e industriales, a partir de la construcción de relación y diálogo con los territorios, para prevenir y resolver conflictos y generar impacto positivo. Más información en: www.mvlicenciasocial.com