La Fundación Naturgy y el Institut Cerdà (Fundación privada e independiente con más de 40 años acompañando las empresas en su vinculación con el territorio, la sociedad y la sostenibilidad), han elaborado un informe que analiza y establece orientaciones para abordar el reto de la integración territorial y la aceptación social de las infraestructuras de energía renovable. Lluís Inglada Renau, director del Área de Innovación y Gestión del Territorio del Institut Cerdà y uno de los autores del documento, nos explica sus principales claves.
La transición energética y los compromisos adquiridos a escala europea (neutralidad climática en 2050) y nacional (por ejemplo, 32% de reducción de GEI en 2030), exigen un despliegue acelerado de energías renovables y de las infraestructuras asociadas: parques fotovoltaicos y eólicos, plantas de biometano, redes de transporte y distribución o sistemas de almacenamiento.
España dispone de recursos naturales y de capacidades técnicas que la sitúan en una posición privilegiada para liderar esta transformación. Sin embargo, en los últimos años ha emergido con fuerza una dimensión que condiciona cada vez más el desarrollo de estos proyectos: la complejidad social, institucional y territorial de su implantación.
Contar con el territorio
Tradicionalmente, el desarrollo de infraestructuras energéticas se ha abordado desde una perspectiva fundamentalmente técnica, regulatoria y económica. Hoy ese enfoque resulta insuficiente. Los proyectos deben también gestionar su integración en un territorio que se ha convertido en un agente activo, con intereses, sensibilidades y expectativas marcadas y diversas. La sociedad local reclama participar, opinar y, en muchos casos, influir en las decisiones que afectan a su entorno.
Este cambio responde a transformaciones profundas en la sociedad. Las comunidades locales están hoy más informadas, más organizadas y son más exigentes, lo que evidencian una actitud más crítica y desconfiada hacia empresas e instituciones.
También existe una mayor sensibilidad hacia los valores ambientales, patrimoniales y paisajísticos del territorio, así como hacia la preservación de identidades y actividades locales. Al mismo tiempo, el debate público se desarrolla en un entorno mediático y digital donde los mensajes se amplifican con rapidez y donde cualquier persona puede convertirse en un actor influyente en la conversación pública.
En este contexto, los proyectos energéticos pueden convertirse fácilmente en objeto de controversia. Las movilizaciones locales, incluso cuando parten de grupos relativamente pequeños, pueden generar impactos reputacionales, influir en responsables políticos o provocar retrasos significativos en la tramitación administrativa. A ello se suma una creciente tendencia a la judicialización de los proyectos, lo que conlleva la paralización de su tramitación.
Dimensión institucional y empresarial
La complejidad también tiene una dimensión institucional. Las administraciones públicas, especialmente en el ámbito local, se enfrentan a importantes retos para gestionar estos procesos. Por un lado, muchos municipios pequeños carecen de recursos técnicos y administrativos suficientes para comprender y tramitar proyectos complejos desde el punto de vista ambiental, urbanístico o energético. Al mismo tiempo, los debates sobre estas iniciativas pueden trasladarse fácilmente al marco político local, donde se entrecruzan intereses diversos y donde las decisiones se ven sometidas a una fuerte presión social.
Todo ello configura un escenario en el que la implantación de proyectos de energías renovables no depende únicamente de su viabilidad técnica o económica, sino también de la capacidad de gestionar adecuadamente su entorno social e institucional y, al fin y al cabo, de generar un beneficio compartido entre empresa, sociedad general y comunidad local.
Ante esta realidad, las empresas están transformando sus estrategias de gestión de proyectos. Más allá de diseñar proyectos de altísima calidad técnica y bien alineados con el territorio, compañías como Naturgy están revisando profundamente su forma de gestionar y relacionarse con el entorno.
Las corporaciones están pasando del histórico esquema relacional a modelos basados en la transparencia y en la relación con las comunidades locales, concibiendo el territorio como una oportunidad y desarrollando procesos de diálogo franco y atención a las expectativas del territorio. Para ello, las empresas promotoras han incorporado nuevas funciones, herramientas, procedimientos y equipos dedicados a la gestión del entorno social y han integrado estas tareas dentro de sus procesos de gestión de los proyectos a niveles parecidos a los vectores técnicos, regulatorios o de negocio.
La experiencia demuestra que “invertir” en estas acciones y desarrollar una relación temprana, positiva y transparente con el territorio puede evitar conflictos posteriores, reducir costes asociados a retrasos o paralizaciones y desarrollar proyectos más sostenibles y con mayor valor social y económico. Por ejemplo, hoy, el valor y la viabilidad de un proyecto “ready to build” también incluye el valor y la viabilidad social.
Sin embargo, todo este desafío no puede recaer únicamente en las empresas. Por un lado, se requiere una gobernanza pública sólida, capaz de combinar planificación estratégica, claridad regulatoria y mecanismos de tramitación y participación efectivos. Una planificación territorial más clara sobre dónde y cómo deben desarrollarse las infraestructuras energéticas puede contribuir a reducir la incertidumbre y los conflictos.
Del mismo modo, reforzar las capacidades técnicas de las administraciones locales resulta clave para mejorar la calidad de los procesos de decisión. Por otro lado, las comunidades locales, partiendo de la legítima defensa de sus intereses, deben incorporar los objetivos globales -comunitarios también, al fin y al cabo- en sus criterios de actuación, haciendo un esfuerzo por entender los proyectos y contribuir a mejorarlos, relativizando los prejuicios ideológicos. Finalmente, también los medios de comunicación deben desempeñar su papel relevante en la calidad del debate público, contribuyendo a ofrecer información rigurosa y plural sobre la naturaleza y la necesidad del despliegue de proyectos renovables.
El cambio climático es un reto colectivo y, ante sus amenazas, todos los agentes y grupos de la sociedad debemos ser consecuentes y corresponsables en que se desarrollen aquellas acciones necesarias para mitigarlo. Complementariamente a la eficiencia energética o al impulso de las pequeñas instalaciones de autoconsumo y generación distribuida, una de estas acciones es, sin duda alguna, el despliegue de las grandes plantas de energía renovable necesarias para descarbonizar las actividades y sectores consumidores masivos de energía y para llegar a tiempo a la urgencia de la transición.
Eso sí, todo esto debemos hacerlo de forma compatible con el territorio y con las expectativas de las comunidades locales. Integrar adecuadamente esta dimensión social no es solo un elemento deseable, sino una condición imprescindible para que la transición energética avance al ritmo que exige el desafío climático.
Autor: Lluís Inglada Renau. Director del Área de Innovación y Gestión del Territorio del Institut Cerdà.
