La transición energética en España avanza a un ritmo sin precedentes. Nunca antes se habían desplegado tantos proyectos de energías renovables en tan poco tiempo ni con una presencia tan intensa en entornos rurales. En este contexto, Inés Monroy, fundadora de Licencia Social Energía (LSE), entidad adherida a nuestra plataforma, nos explica en esta tribuna la necesidad de incorporar el diálogo con los ciudadanos de los territorios, detectando sus necesidades reales, generando un verdadero impacto positivo y haciéndoles partícipes en la toma de decisiones.

El impulso de las energías renovables ha sido clave para cumplir compromisos nacionales y supranacionales, reducir la dependencia energética y avanzar hacia un modelo más limpio, autónomo y competitivo. Sin embargo, también ha puesto de manifiesto una realidad evidente: la solvencia técnica, el cumplimiento normativo, el acceso a financiación y las simulaciones de generación y retorno económico, siendo imprescindibles, ya no son suficientes para garantizar la viabilidad de los proyectos.

Hoy, a los promotores no se les pide únicamente que sepan diseñar, construir y operar infraestructuras. Se les exige la capacidad para hacerse cargo del territorio en el que operan, de las necesidades, preocupaciones y expectativas de las comunidades que lo habitan. Esta capacidad, todavía poco sistematizada y profesionalizada, se ha convertido en una condición clave para obtener licencia social, reducir riesgos y asegurar la estabilidad de las inversiones y la resiliencia del suministro eléctrico.

Más allá de comunicar: tomar decisiones socialmente informadas

Hasta ahora la gestión social de los proyectos se ha entendido fundamentalmente como un ejercicio de comunicación: explicar el proyecto, informar a la población, trasladar potenciales beneficios. Sin embargo, la experiencia acumulada en el territorio demuestra que la gestión social eficaz no consiste únicamente en comunicar mejor, sino en tomar decisiones mejor informadas desde el punto de vista social.

Informar no equivale a dialogar. Participar no es lo mismo que negociar. Y comunicar beneficios no garantiza, por sí solo, aceptación social. Cuando la gestión social se limita a acciones informativas o a campañas puntuales y sin seguimiento, la comunidad suele percibir que las decisiones ya están tomadas y que su papel se reduce a aceptar un marco definido por otros.

Hacerse cargo implica algo más exigente, como es incorporar desde el principio la dimensión social como un criterio en la toma de decisiones a lo largo de la vida del proyecto, al mismo nivel que los factores técnicos, económicos o ambientales. Supone asumir que el territorio no es un mero soporte físico del proyecto, sino un espacio vivo, con dinámicas propias, memorias colectivas, relaciones de poder y expectativas de futuro.

Diálogo temprano, continuo y con metodología

Uno de los pilares de una gestión social sólida es el diálogo temprano y sostenido en el tiempo con los grupos de interés relevantes. Y estos grupos no siempre coinciden con los límites administrativos del municipio afectado. Plataformas comarcales, asociaciones sectoriales, actores informales o comunidades que se sienten indirectamente impactadas forman parte, cada vez más, del ecosistema social de los proyectos.

El diálogo no puede improvisarse ni confiarse únicamente a la buena voluntad. Requiere metodología, objetivos claros y una comprensión profunda del contexto. Elegir un momento inadecuado, limitar la interlocución a una fase concreta del proyecto o reducirla a una comunicación unidireccional suele generar frustración y alimentar la desconfianza.

Cuando no existen espacios reales de interlocución, el debate no desaparece: se desplaza a un contexto desorganizado. Y en ese vacío suelen aparecer otros actores que ocupan el espacio, a menudo con narrativas simplificadas o polarizadoras que no necesariamente se alinean con el bien común o el objetivo país.

Datos, percepciones y lectura social del territorio

Otro elemento clave es la obtención sistemática de datos sociales, tanto cuantitativos como cualitativos. Tradicionalmente, muchas decisiones se han apoyado en datos secundarios o en la información que recoge el propio promotor. Sin embargo, esta información no siempre refleja cómo se vive el proyecto desde el territorio.

La percepción social tiene un impacto directo en el riesgo del proyecto. Un proyecto puede estar diseñado de forma respetuosa, contar con medidas de desarrollo local y cumplir con la normativa, y aun así no ser percibido como positivo. Esta brecha explica buena parte de los conflictos actuales.

Medir de forma periódica percepciones, preocupaciones y niveles de confianza permite anticiparse a tensiones, especialmente en fases sensibles como la construcción, la operación o procesos futuros como la repotenciación. Además, permite adaptar la estrategia a un contexto social cambiante, influido por factores políticos, económicos, históricos y culturales.

Territorio, identidad y conflicto

El territorio no es solo un espacio físico. Es una construcción social que integra historia, cultura y formas de vida. Cuando un proyecto externo se implanta sin una integración real, puede percibirse como una invasión no solo material (de ocupación del suelo, y que transforma paisajes), sino también simbólica (más relacionada con valores e identidad).

En estos contextos, el rechazo no siempre responde a argumentos técnicos. Con frecuencia tiene que ver con la sensación de pérdida de control y con la percepción de que actores externos, con mayor capacidad económica o institucional, toman decisiones sobre un territorio que sienten como propio.

Cuando esta percepción se consolida, pueden surgir identidades colectivas basadas en la resistencia. Comunidades que antes no estaban organizadas encuentran en la oposición al proyecto un elemento de cohesión. El conflicto deja entonces de ser únicamente sobre la infraestructura y pasa a ser una cuestión de dignidad y autonomía territorial.

Gobernanza y desconfianza institucional

La aceptación social de los proyectos está estrechamente vinculada a la lectura institucional del territorio. En muchos casos, los conflictos no nacen exclusivamente en la relación entre promotor y comunidad, sino en fallos de coordinación institucional, silencios administrativos o mensajes contradictorios entre distintos niveles de la administración.

Mientras los promotores avanzan conforme a la normativa, la ciudadanía no siempre percibe una gobernanza clara del conjunto. A esto se suma un elemento estructural de nuestro país, que es la desconfianza creciente en las instituciones, especialmente en territorios rurales que durante décadas han sentido abandono o decisiones tomadas desde fuera.

Los proyectos renovables, por su escala y visibilidad, acaban concentrando tensiones que tienen un origen más profundo y previo. Integrar esta lectura institucional en la estrategia social del proyecto no es opcional, es una condición necesaria para comprender el contexto y diseñar actuaciones efectivas.

Desarrollo local y toma de decisiones compartida

Generar impacto positivo en el territorio es importante, pero no suficiente. Hasta ahora se ha tendido a equiparar aceptación social con planes de desarrollo local basados en medidas económicas o compensatorias, muchas veces diseñadas de forma estándar y teórica. Sin embargo, la experiencia demuestra que compartir beneficios no sustituye a compartir decisiones.

Cuando los proyectos se presentan una vez definidos, dejando a la población en una posición pasiva, se refuerza la sensación de imposición. La comunidad percibe que su territorio está siendo transformado sin su consentimiento, lo que alimenta la oposición como forma de recuperar control.

Un enfoque participativo, con metodología profesional, permite identificar necesidades reales y diseñar medidas con mayor impacto y legitimidad. No se trata de filantropía ni de acciones aisladas, sino de generar valor compartido alineado con la identidad y las prioridades locales.

Proyectos que piensan en el mañana

Los proyectos de energías renovables no son intervenciones temporales: permanecen décadas en el territorio. Por ello, los enfoques de desarrollo local no pueden limitarse a responder a las necesidades actuales.

España afronta transformaciones profundas: relevo generacional, retorno de población desde las ciudades a entornos rurales, nuevos perfiles que no viven “del” territorio, sino “en” el territorio, y cambios en las expectativas sobre calidad de vida y gobernanza. Pensar los proyectos solo desde el presente es limitado y no acorde al ciclo de vida de un proyecto.

Estos proyectos pueden convertirse en catalizadores de alianzas entre actores locales, universidades, empresas y Administraciones públicas; atraer talento; impulsar nuevas dinámicas económicas y reforzar la relación entre lo rural y lo urbano.

Una condición para la transición energética

La transición energética no se construye solo con infraestructuras. Se construye cuando los proyectos consideran a las personas que habitan y habitarán los territorios, cuando integran la dimensión social en todas las fases del proyecto y cuando asumen que la convivencia y la cohesión social han de regir cualquier actividad económica.

Los beneficios de una gestión social rigurosa son compartidos. Para los promotores, reduce riesgos de retrasos, litigios y sobrecostes, aporta estabilidad a la inversión y facilita el retorno. Para los territorios, genera valor real, participación y oportunidades. Para la sociedad en su conjunto, contribuye a una transición energética más justa, cohesionada y sostenible.

Hacerse cargo del territorio no es una concesión ni debe plantearse como una transacción. Es una condición de viabilidad y una oportunidad para avanzar hacia un país más moderno, limpio y socialmente fortalecido.

Autora: Inés Monroy, fundadora de Licencia Social Energía (LSE), especialista en renovables y mediadora.